La investigación, financiada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, denuncia que esta figura judicial, sin base legal ni enfoque de género, reproduce el desacreditado SAP y se impone en contextos de violencia, afectando gravemente a mujeres e infancia.
La Asociación de Mujeres Juristas Themis presentó ayer, en el Ministerio de Igualdad, la investigación «La coordinación de parentalidad como una nueva forma de violencia institucional». El trabajo evidencia cómo esta figura, sin regulación legal (salvo en Navarra) y aplicada por vía jurisprudencial, se está utilizando en procedimientos judiciales de familia incluso cuando existen antecedentes de violencia de género, con efectos profundamente perjudiciales para las mujeres y la infancia.
En el acto participaron Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género; Rosa Gil López, presidenta de Themis; Paula Reyes Cano, directora de la investigación; y Alicia Fernández Vega, coautora. Las intervinientes coincidieron en la necesidad urgente de detener la expansión de esta figura, que opera como vehículo del desacreditado Síndrome de Alienación Parental (SAP), y que vulnera derechos fundamentales.
Una figura sin regulación, impuesta y nociva
La investigación ha sido realizada por un equipo multidisciplinar compuesto por Paula Reyes Cano (directora), Alicia Fernández Vega, Cristina Colom Vaquer y Chelo Álvarez Sanchís, con el apoyo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
A través de una metodología mixta, se analizaron 151 resoluciones judiciales dictadas entre 2021 y 2023, 16 documentos técnicos de coordinación de parentalidad y se recogieron 40 testimonios cualitativos: 34 de mujeres afectadas y 6 de jóvenes que han vivido esta experiencia. Además, se llevó a cabo un análisis del marco institucional que ha permitido la entrada y expansión de esta figura en el sistema judicial español, examinando los convenios públicos suscritos entre juzgados, administraciones y entidades privadas, así como la evolución de estos acuerdos.
Igualmente, se revisó la oferta formativa existente para profesionales que ejercen como coordinadores o coordinadoras de parentalidad, con el objetivo de identificar si dicha formación perpetúa los constructos pseudocientíficos del Síndrome de Alienación Parental.
La coordinación de parentalidad como vehículo del SAP
Uno de los principales hallazgos de la investigación es que la coordinación de parentalidad reproduce la lógica, los objetivos y el enfoque del Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría sin base científica, ya prohibida por sus consecuencias nocivas. Aunque con nuevo lenguaje, esta figura sigue centrando el problema en la madre, a quien se responsabiliza del rechazo de los hijos e hijas hacia el padre, incluso cuando existen antecedentes de violencia, abuso o negligencia.
Bajo términos como «interferencias parentales», «resistencia al vínculo» o «gatekeeping», se oculta la ideología del SAP, que despoja a las mujeres de legitimidad, niega el relato de la infancia y revictimiza a quienes intentan proteger a sus hijos. Esta figura, por tanto, no debe ser regulada, sino expresamente prohibida, al estar construida sobre un modelo rechazado institucional y científicamente por sus efectos destructivos.
Vínculo con los Puntos de Encuentro Familiar
Entre los datos recogidos en la investigación, destaca que, de las 34 mujeres entrevistadas, 19 habían pasado previamente por puntos de encuentro familiar antes de verse inmersas en un procedimiento de coordinación de parentalidad. Esta coincidencia revela cómo ambas estructuras están siendo utilizadas de forma encadenada en contextos de supuesta alta conflictividad, sin una valoración adecuada del posible trasfondo de violencia de género y sin garantías de seguridad para la infancia.
La investigación advierte que, lejos de actuar como espacios de protección, estos recursos están siendo instrumentalizados como espacios de continuidad del control institucional sobre las mujeres, donde la violencia previa no se reconoce y donde se impone la vinculación forzada con progenitores violentos.
Consecuencias directas en las víctimas
Los testimonios recogidos revelan una constante: la imposición de esta figura genera temor, presión institucional, daños psicológicos, y un alto coste emocional para mujeres y menores. En muchos casos, las madres fueron amenazadas con sanciones, pérdida de custodia o desobediencia judicial si no colaboraban en la reconstrucción forzada del vínculo paterno-filial.
Los documentos analizados evidencian que quienes ejercen como coordinadores lo hacen sin formación reglada, sin perspectiva de género ni infancia, y sin control institucional. La indefinición de su rol —entre mediación, supervisión, evaluación o terapia— genera una gran inseguridad jurídica.
Propuestas de la investigación
La investigación no solo denuncia, sino que plantea medidas urgentes para erradicar esta práctica institucional:
• Prohibición inmediata de la coordinación de parentalidad como figura judicial o técnica.
• Retirada de su aplicación en todos los procedimientos donde exista violencia de género o violencia hacia menores.
• Revisión profunda del sistema de justicia de familia, con enfoque de derechos humanos, infancia, género y trauma.
• Formación obligatoria y especializada para operadores jurídicos, equipos técnicos y entidades colaboradoras.
• Evaluación externa e independiente de las prácticas judiciales que afectan a la infancia y a las víctimas de violencia.
• Reparación institucional a las mujeres y menores perjudicados por decisiones basadas en esta figura o en el SAP.
Una demanda firme de transformación institucional
Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis se reclama la retirada inmediata de la coordinación de parentalidad en todos los procedimientos judiciales donde existan indicios o antecedentes de violencia de género. Asimismo, se exige una transformación estructural del sistema judicial en el ámbito del derecho de familia, que garantice el cumplimiento efectivo de las normas nacionales e internacionales en materia de protección de mujeres e infancia.
Esta transformación pasa por erradicar todo resquicio del SAP, su lenguaje, sus lógicas y sus prácticas, que continúan vigentes bajo nuevas denominaciones. Solo así se podrá avanzar hacia una justicia reparadora, centrada en los derechos de las víctimas y en la protección efectiva de la infancia.
 |
«La coordinación de parentalidad como una nueva forma de violencia institucional» |
La investigación está disponible en la página web de la Asociación de Mujeres Juristas Themis en Publicaciones y en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en Estudios e investigaciones
