Considera el Magistrado recientemente condenado por prevaricación que el listón se ha puesto tan bajo que prácticamente todos los jueces habrían prevaricado, porque todos tienen amistad con abogados y porque se puede no estar de acuerdo en matices de sus resoluciones, según se recoge en su entrevista publicada en el diario El Mundo.

El respeto a la ley es la piedra angular del Estado Derecho y su cumplimiento concierne a todos los ciudadanos sin distinción de categorías.

La independencia de los/las jueces/juezas garantiza que, una vez que son designados como titulares de un determinado órgano judicial, interpretan y aplican la ley sin ser removidos de su función, y en consecuencia sus sentencias pueden ser recurridas.

Pero la discrecionalidad de los/las jueces/juezas para valorar hechos y pruebas no se extiende a su capacidad para decidir que asuntos quieren juzgar y cuáles no, al igual que el resto de los ciudadanos no pueden elegir el Juez que desean que dicte sentencia en los asuntos que llevan a los tribunales.

Es lo que se llama en derecho “el juez natural”, cuya determinación está regulada por la ley, lo que garantiza la igualdad ante la misma de toda la ciudadanía.

Imaginemos que alguien entra en un Juzgado que previamente ha elegido, va acompañado entre otros, del abogado del Juez titular a quien solicitan una entrevista.
Son inmediatamente recibidos. Piden que el Juez adopte determinadas medidas que, en todo caso, deberían haber sido solicitadas y no lo han sido, en otro Juzgado que es el competente porque está conociendo de un procedimiento de divorcio y de una denuncia por violencia interpuesta por la esposa del visitante. El juez visitado lo sabe, lo elude, da instrucciones para que se presente un escrito dirigido a su juzgado,- y no al competente-, en registro, a donde llama para que se lo remitan con rapidez. No oye a la madre ni al Fiscal a pesar de tratarse de una medida referida a un menor y dicta una resolución.

Lo que nos escandaliza es que la conducta del Magistrado condenado por prevaricación ha sido la descrita anteriormente. Si hubiera sido el juez competente, la circunstancia de haber prorrogado la estancia de un menor con su padre para acudir a una procesión hubiera sido, o no, objeto de discrepancia con la decisión judicial, pero nunca la hubiéramos definido como prevaricación.

Las organizaciones de mujeres no hemos rechazado, como manifiesta el Magistrado, que se pueda relacionar la “urgente necesidad” de adoptar una medida, con la asistencia de un menor a una procesión, lo que nos parece secundario. Lo que no admitimos es que un particular elija Juez y un Juez elija lo que quiere juzgar, y lamentamos que se esté trasladando a la opinión pública que el motivo del enjuiciamiento y posterior levísima condena impuesta al Juez tenga su causa en la medida adoptada, y no su falta de competencia para adoptarla así como en las circunstancias que la rodean, pretendiendo basar nuestras críticas en motivos ideológicos.

No compartimos los argumentos de la sentencia que condena al Juez por prevaricación, porque partiendo de unos hechos probados que a nuestro juicio conforman un delito de prevaricación, argumenta benévolamente que las consecuencias no fueron tan graves, lo que unido a otros razonamientos, lleva a la Sala a considerar la conducta juzgada como culposa, reduciendo considerablemente la pena impuesta.

La Administración de Justicia es una de las instituciones peor valoradas por la ciudadanía, quien no la considera eficaz ni independiente y conductas como la descrita no ayudan a reforzar positivamente su imagen.

Para un abogado/abogada resulta muy difícil firmar una querella por prevaricación; son escasas las que se admiten a trámite y escasísimas las sentencias condenatorias que se dictan a pesar de que los Tribunales los forman personas tan susceptibles de delinquir como las pertenecientes a otros colectivos.

No aspiramos a dictar sentencias como dice el Magistrado, pero si creemos que en los procesos por prevaricación debería intervenir el Jurado. Ello sin duda reforzaría la necesaria confianza en la justicia y, por tanto, al Estado de Derecho.

Madrid, a 21 de octubre de 2011

Organizaciones firmantes:

ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MUJERES SEPARADAS Y DIVORCIADAS
FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS
FUNDACIÓN MUJERES
PLATAFORMA LUNA CONTRA EL SAP
CELEM
ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA LA SALUD
UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES (UNAF)
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA MUJER “LA RUEDA”
ASOCIACIÓN ENRIQUETA OTERO, MULLERES LUGUESAS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
ASOCIACIÓN VE-LA LUZ (ASOCIACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ABUSOS GALICIA)
ASOCIACIÓN CUSTODIA EN POSITIVA
ASOCIACIÓN LMD CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CIUDAD DE MUJERES
COLECTIVO INDEPENDIENTE DE MUJERES
COLETIVO DE MUJERES AURA
MUJERES PROGRESITAS MALAGUEÑAS UN AMOR QUE NO MATE “DULCE CHACÓN”
ASOCIACIÓN DE MUJERES VALDÉS SIGLO XXI
ASOCIACIÓN CONSUELO BERGES
FEMINISMO A SUD ( asociación de mujeres de Italia)
ASOCIACION DE MUJERES NOSOTRAS MISMAS CHAMBERI
ASOCIACIÓN MUJERES DE OPAÑEL
FORUM DE POLÍTICA FEMINISTA
NOSOTRAS EN EL MUNDO
COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALOS TRATOS A MUJERES
CONSEJO DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE MADRID
GRUPO DE MUJERES DE CARABANCHEL

 

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